OMAHA, Nebraska, EE.UU. (AP) — Al comenzar este año, la mayoría de los agricultores de Estados Unidos esperaban al menos cubrir sus gastos o tal vez registrar una pequeña ganancia si lograban encontrar una manera de limitar sus altísimos costos. Pero ahora se enfrentan a la pérdida del mayor mercado de exportación para muchos de sus cultivos luego de que China tomara represalias
contra los aranceles del presidente Donald Trump.
“Simplemente no hay ningún margen de error en la economía agrícola actual”, señaló Caleb Ragland, agricultor de Kentucky que también preside la Asociación Estadounidense de la Soya.
Los agricultores de soya tienen una razón particular para preocuparse, pues la mitad de su cosecha se exporta y desde hace tiempo China ha sido el mayor comprador. Beijing también ha adquirido mucho maíz, carne de res, pollo, sorgo y otros cultivos estadounidenses, parte de una erogación de 24.650 millones de dólares en productos agrícolas de Estados Unidos el año pasado. Ahora que Beijing impuso aranceles del 34% a todos los productos estadounidenses el viernes —además de otros gravámenes que impuso anteriormente este año— todos esos productos serán significativamente más caros en el país asiático.
Los precios de los cultivos, al igual que el mercado de valores
, cayeron después de que Trump anunciara sus aranceles esta semana.
Tim Dufault —cuya granja está en el noroeste de Minnesota, a sólo unos 128 kilómetros (80 millas) al sur de Canadá— indicó que en un buen año los agricultores de soya podrían ganar entre 50 y 75 dólares por acre (0,4 hectáreas). Pero este no es un buen año, ya que los precios de los cultivos no son lo suficientemente altos para cubrir los crecientes costos, y la caída de precios en los últimos dos días les costó aproximadamente 25 dólares por acre, señaló.
Dufault expresó su preocupación de que estos nuevos aranceles pudieran hacer que muchos agricultores caigan en bancarrota —incluidos los jóvenes agricultores a quienes arrendó su tierra al comenzar este año debido a que se jubiló—, ya que probablemente no ganarán nada en 2025.
“Sólo espero en Dios que puedan mantenerse en el negocio”, señaló Dufault, quien participa activamente en el grupo comercial Farmers for Free Trade, el cual aboga por mercados abiertos.
Una de las mayores preocupaciones a largo plazo es que los agricultores y ganaderos estadounidenses pierdan participación de mercado a medida que China recurra a Brasil y otros países para comprar la soya, carne de res, pollo y otros comestibles que consume. Beijing comprará mucho sorgo porque se destila para producir la bebida baijiu —que es tan popular allí como el whiskey en Estados Unidos—, pero lo obtendrán de otros países.
Los agricultores soportaron la anterior guerra comercial de Trump contra Beijing durante su primer mandato. Pero esta vez, los aranceles de Trump se extienden por todo el mundo, por lo que es probable que China no sea el último país en tomar represalias al aplicar sus propios aranceles.
¿Podrían los agricultores recibir ayuda del gobierno?
La única forma en que la mayoría de los agricultores sobrevivieron a la última guerra comercial de Trump fue con decenas de miles de millones de dólares en pagos de ayuda gubernamental, pero no está claro si él hará eso esta vez. Les dio más de 22 mil millones de dólares en pagos de ayuda en 2019 y casi 46 mil millones en 2020, aunque ese año también se incluyó apoyo relacionado con la pandemia de COVID.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, declaró a Fox News esta semana que en este momento no cree que sean necesarios pagos masivos de ayuda, aunque no lo sabrá con certeza durante varios meses. “Pero si es necesario, entonces este presidente siempre ha dicho y está decidido en su compromiso con nuestros agricultores y ganaderos y nuestras grandes comunidades rurales en Estados Unidos, así que nos aseguraremos de estar listos si de hecho eso es necesario”, señaló.
“Pero a ninguno de nosotros nos gusta eso”, indicó el agricultor Andy Hineman, quien es vicepresidente de la Asociación de Productores de Sorgo en Grano de Kansas. “No queremos vivir de las dádivas del gobierno. Preferiríamos vender los cultivos que cultivamos”.
Pero el agricultor Bryant Kagay, copropietario de Kagay Farms en Amity, Missouri, señaló que no tiene “mucha fe en que estos aranceles —tal como están planteados hoy— se mantendrán a largo plazo”.
Tampoco le gusta la idea de recibir ayuda del gobierno.
“Realmente odio que parezca ser la solución que, bueno, simplemente les pagaremos a los agricultores algún pago improvisado para ayudar a compensar esto”, declaró Kagay. “Creo que un gobierno federal que está gastando en exceso hoy, como este, no es la forma de resolver ese problema”.
La esperanza para los agricultores es que los aranceles de Trump conduzcan a negociaciones con otros países que reduzcan los aranceles y otras barreras comerciales.
“Ese es el tipo de desarrollo positivo que podemos hacer, que es bueno para todos los involucrados, y eso es lo que necesitamos buscar”, observó Ragland. “En lugar de golpearnos unos a otros con aranceles cada vez más altos… simplemente es como golpearse unos a otros en la cara. No vamos a ganar nada con eso. Sólo nos va a causar dolor. Esa sería mi recomendación para el gobierno, buscar oportunidades y alcanzar algunos grandes acuerdos de manera proactiva”.
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El periodista de The Associated Press Nick Ingram contribuyó a este despacho desde Missouri.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Already, the case has given people an unprecedented look inside Fox News and the chaos behind the coverage of the 2020 election and the Jan. 6 insurrection.
President Donald Trump’s administration has decided not to cover expensive, high-demand obesity treatments under the federal government’s Medicare program.
The Centers for Medicare and Medicaid Services said late Friday that it would not cover the medications under Medicare’s Part D prescription drug coverage. Medicare covers health care expenses mainly for people age 65 and older.
Trump’s predecessor, Joe Biden, proposed a rule in late November after Trump won re-election that would have extended coverage of drugs like Zepbound and Wegovy. The rule was not expected to be finalized until Trump took office.
CMS did not offer an explanation Friday for its decision, and did not immediately respond to a request for comment.
The injectable treatments have exploded in popularity due to the potentially life-changing weight loss that some patients experience. But many insurers, employers and other bill payers have been reluctant to cover the drugs, which can be used by a wide swath of the population and can cost hundreds of dollars a month.
Biden’s proposal was expensive: It would have included coverage for all state- and federally funded Medicaid programs for people with low incomes, costing taxpayers as much as $35 billion over next decade.
Proponents of the coverage have argued that treating obesity can actually reduce longer-term costs by cutting down on heart attacks and other expensive health complications that can arise from the disease.
Medicare does pay for drugs like Wegovy for patients who have heart disease and need to reduce their risk of future heart attacks, strokes and other serious problems. The federal program also covers versions of the drugs that treat diabetes.
More than a dozen state Medicaid programs already cover the drugs.
Trump returned to office in January. The Senate confirmed Dr. Mehmet Oz to lead the Centers for Medicare and Medicaid Services on Thursday.
LITTLE ROCK, Ark. — Parts of the South and Midwest, still reeling from violent storms, tornadoes and flooding that have killed at least eight people this week, faced an ongoing threat of catastrophic flooding Friday that forecasters said would stretch into the weekend.
Severe thunderstorms threatened a swath of the country with a population of 2.3 million people from northeast Texas through Arkansas and into southeast Missouri.
What has happened?
In Kentucky, continued storms inundated roads and a mudslide blocked a busy highway on the outskirts of Louisville. A 9-year-old boy was killed, swept away as he walked to a school bus stop.
The downtown area of Hopkinsville, Kentucky — a city of 31,000 residents 72 miles (116 kilometers) northwest of Nashville, Tennessee — was submerged.
The first wave of storms killed at least five people in Tennessee and one each in Missouri and Indiana on Wednesday and Thursday.
Tennessee Gov. Bill Lee called the devastation in his state “enormous” and said it was too early to know whether there were more deaths as searches continued.
There was massive destruction in Lake City in eastern Arkansas, where homes were flattened and cars were flipped and tossed into trees.
At least 318 tornado warnings have been issued by the National Weather Service since this week’s tornado outbreak began early Wednesday, and that was likely to grow. It has already eclipsed the 300 tornado warnings issued during last month’s deadly outbreak in Arkansas, Mississippi, Missouri and other states.
Not all tornado warnings involve an actual tornado, and it was too early to know how many were actually produced by the current outbreak.
The severe weather hit at a time when nearly half the National Weather Service’s forecast offices have 20% vacancy rates — twice that of a decade ago — according to data obtained
by The Associated Press.
What’s causing this wave of storms?
Forecasters attributed the violent weather to warm temperatures, an unstable atmosphere, strong wind shear and abundant moisture streaming from the Gulf.
The prolonged deluge, which could dump more than a foot (30 centimeters) of rain over a four-day period, “is an event that happens once in a generation to once in a lifetime,” the National Weather Service said.
What’s next?
Private forecasting company AccuWeather said northeastern Arkansas, southeastern Missouri, southern Illinois, western Kentucky and northwestern Tennessee needed to prepare for a catastrophic risk from flash flooding.
“This is a rare and dangerous atmospheric setup,” said Jonathan Porter, AccuWeather chief meteorologist.
Forecasters have also warned of major disruptions to shipping and supply chains. Shipping giant FedEx, for example, has a massive facility in the danger area, in Memphis Tennessee. Barge transportation on the lower Mississippi River could also be affected.
Water rescue teams and sandbags were being set up across the region in anticipation of flooding, and authorities warned people to take the threat of rising water seriously.
“We need everyone to understand that all water poses risk right now and to take every precaution,” Kentucky Gov. Andy Beshear said.
Associated Press writers George Walker IV in Selmer, Tennessee; John Seewer in Toledo, Ohio; Jeff Martin in Atlanta; Adrian Sainz in Memphis, Tennessee; Jonathan Mattise in Nashville, Tennessee, Seth Borenstein in Washington; and Bruce Schreiner in Shelbyville, Kentucky, contributed.
As the Trump administration threatens universities, the former president suggested schools shouldn’t be intimidated. But he also offered a critique of campus culture, saying it had too often shut out opposing voices.
Two leading chemical industry groups have asked the Trump administration for blanket exemptions to certain Biden-era regulations for all polluters.
The American Chemistry Council and the American Fuel & Petrochemical Manufacturers requested that the Environmental Protection Agency (EPA) exempt all polluters from Biden-era rules that limit their emissions of toxic chemicals
.
Just because the trade and lobbying groups are requesting these exemptions, it does not necessarily mean President Trump will grant them.
However, their letter comes after the EPA administrator already indicated
that he plans to overhaul a large slate of Biden-era regulations, including those in the chemical groups’ request.
It also comes after the EPA set up an email address that created a simple porta
l for polluters to request presidential exemptions under the Clean Air Act late last month.
In the Friday letter, which was first reported by Politico Pro, the groups say their industry needs an exemption because without one, they will have to act as if the Biden rules are in place — even as the Trump administration is poised to curtail them.
“Absent a Presidential exemption, sources will be required to make irrevocable investment decisions now and into the coming months to minimize the amount of time facilities may need to be taken offline,” they wrote. “If implemented as written and in accordance with the current compliance schedule, domestic manufacturing production will be negatively impacted, threatening critical supply chains of chemicals that are vital to our nation’s security.”
Environmental groups criticized the EPA’s creation of the email address and the groups’ request.
“Administrator Zeldin has opened a back door for companies to avoid complying with reasonable limits on the most toxic forms of air pollution, and they’re rushing through it with no regard for the communities around them,” said Vickie Patton, general counsel of the Environmental Defense Fund.
“This is a huge blow to American families who now must worry about their loved ones breathing dirtier air, their kids missing more school days because of asthma attacks and suffering a lifetime of illness, and more cancer in their families,” she said.
WASHINGTON — As the Trump administration weighs the future of the federal agency tasked with responding to disasters, it is ending a key program that has been used by communities across the country to pay for projects designed to help them prepare for natural disasters like flooding and fires.
In a news release Friday, the Federal Emergency Management Agency said it was ending the Building Resilient Infrastructure and Communities program, calling the move part of efforts to eliminate “waste, fraud and abuse.”
“The BRIC program was yet another example of a wasteful and ineffective FEMA program. It was more concerned with political agendas than helping Americans affected by natural disasters,” the agency said in a statement.
In addition to ending the program going forward, FEMA said it was also cancelling all applications to the program from 2020 to 2023 and that money that was awarded as part of grants but not already distributed would be immediately returned to the federal government.
The program was started under the first Trump administration and then expanded under the Biden administration.
About $1 billion had been allocated to the program as part of the Biden administration’s Infrastructure Investment and Jobs Act in 2021. According to FEMA, about $133 million has already been handed out to about 450 applicants across the country.
Communities across the country have used program funds to help their cities and towns mitigate disasters, such as raising roads to keep them out of floodwaters or building underground storage units to prepare for droughts.
The announcement didn’t detail what exactly the agency found to be “wasteful,” but the Trump administration has targeted programs or funding across the federal government that goes to address climate change or that promotes diversity, equity and inclusion goals.
Under the Biden administration, the BRIC program was a key part of the government’s efforts to address climate change and while grants were awarded to a wide range of communities across the country, there was a special emphasis on helping historically underserved communities.
The cuts come as the future of FEMA itself is in question. President Donald Trump has questioned whether to disband it entirely and give money directly to states to handle disasters. Trump has created a council to study what to do with FEMA and whether to get rid of it.
Federal Reserve Chair Jerome Powell delivered a speech
at a conference for the Society for Advancing Business Editing and Writing on Friday, warning that President Donald Trump’s disastrous tariffs
will lead to higher inflation.
“Looking ahead, higher tariffs will be working their way through our economy and are likely to raise inflation in coming quarters. We face a highly uncertain outlook with elevated risks of both higher unemployment and higher inflation,” he said. “While uncertainty remains elevated, it is now becoming clear that tariff increases will be significantly larger than expected. And the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth.”
Powell mentioned inflation more than 36 times
during his speech, suggesting that he and the Federal Reserve don’t have any to lower interest rates, which are currently at about 4.3%. Traditionally, higher borrowing costs can help slow economic growth and reduce inflation.
Meanwhile, Trump took to Truth Social
to put the onus on Powell, pressuring him to cut interest rates.
While Trump is the one who appointed Powell to the Federal Reserve, the two have butted heads
numerous times. But Powell has been clear that he has no plans
to resign, and the president cannot legally remove
him either.
Powell’s tenure at the reserve is up in 2026, but according to an April 2024 Wall Street Journal
report, Trump’s goon squad has been secretly working up plans to “blunt the Fed’s independence,” in an attempt to give the executive branch control over interest rates.
And while stock markets around the globe plummet for a second day straight
, Trump has ditched the honoring
of fallen U.S. soldiers to attend a billionaire Saudi-funded golf tournament this weekend.
NUEVA YORK (AP) — Fiscales federales añadieron el viernes dos cargos a la acusación contra Sean “Diddy” Combs y dijeron que esperan que cuatro acusadores testifiquen en su contra, ampliando las acusaciones de que el magnate del hip hop encarcelado se involucró en tráfico sexual con múltiples mujeres, incluso tan recientemente como el año pasado.
Una acusación sustitutiva señala a Combs de usar fuerza, fraude o coerción para obligar a una mujer a participar en actos sexuales a cambio de valores desde al menos 2021 hasta 2024.
La acusación, presentada por un gran jurado federal en Manhattan, también alega que Combs estuvo involucrado en la transportación de la mujer —identificada solo como “Víctima-2″— y otras personas, incluidas trabajadoras sexuales, para participar en prostitución durante el mismo período.
Los nuevos cargos se suman a los de asociación delictuosa y tráfico sexual presentados contra Combs cuando fue arrestado en septiembre. Aumentan el número total de cargos en su contra de tres a cinco.
En un documento judicial, los fiscales federales dijeron que el cargo de asociacion delictuosa involucra acusaciones de que Combs traficó sexualmente a tres víctimas y obligó a una cuarta, una de sus empleadas, a tener actividad sexual con él.
Combs, de 55 años, niega haber cometido algún delito. Su juicio está previstoa para el 5 de mayo y permanece encarcelado sin fianza en una prisión federal en Brooklyn.
“Estas no son nuevas acusaciones ni nuevos acusadores. Son las mismas personas, exnovias de largo plazo, que estuvieron involucradas en relaciones consensuadas”, dijo el equipo legal de Combs en un comunicado. “Esta era su vida sexual privada, definida por el consentimiento, no por la coerción”.
La acusación sustitutiva del viernes es la tercera presentada contra Combs.
En la primera, en enero, los fiscales federales revelaron que su caso involucraba al menos a tres mujeres a quienes dijeron que Combs obligó a participar en actos sexuales a cambio de valores. También alegaron que Combs mostró un arma de fuego a una víctima femenina durante un secuestro y una vez colgó a una mujer sobre el balcón de un apartamento.
La acusación de enero contra Combs no incluyó cargos adicionales, pero modificó algunos detalles de los existentes, incluyendo añadir cuatro años a la supuesta conspiración de crimen organizado. Los fiscales ahora dicen que comenzó en 2004, no en 2008 como había alegado la acusación original. Una acusación sustitutiva en marzo contenía cambios mínimos.
Combs se ha declarado no culpable de los primeros cargos, que alegan que coaccionó y abusó de mujeres durante años con la ayuda de una red de asociados y empleados mientras silenciaba a las víctimas mediante chantaje y violencia, incluyendo secuestro, incendios provocados y golpizas físicas.
Su comparecencia por los nuevos cargos no ha sido programada. Los fiscales pidieron el viernes que se lleve a cabo en su conferencia final previa al juicio el 25 de abril.
En su presentación del viernes, los fiscales dijeron que tres de los cuatro acusadores que se espera que testifiquen han solicitado que sus identidades no sean reveladas a la prensa o al público y que en su lugar se les refiera en el juicio usando solo seudónimos.
La acusadora referida como “Víctima-1” en los documentos de acusación de Combs está preparada para testificar bajo su propio nombre, dijeron los fiscales en la presentación, que tenía muchas partes censuradas.
Los fiscales federales alegan que el cantante de “I’ll Be Missing You” y fundador de Bad Boy Records usó su “poder y prestigio” como estrella de la música para inducir a las víctimas femeninas a realizar actos sexuales elaboradamente producidos y bajo los efectos de drogas con trabajadores sexuales masculinos en eventos denominados “Freak Offs”.
Una pieza central en el caso es un video de marzo de 2016 que muestra a Combs golpeando y pateando a su entonces novia, la cantante de R&B Cassie, en un pasillo de un hotel en Los Ángeles. Los fiscales sostienen que la agresión ocurrió durante un “Freak Off”. Los abogados de Combs argumentan que las imágenes no son más que un “vistazo a una relación compleja pero consensuada de una década” entre los dos.
Los abogados de Combs sostienen que el caso nunca debió haber sido presentado y están luchando para desestimar un cargo que involucra acusaciones de que transportó a un acompañante masculino a través de fronteras estatales.
“El gobierno ha inventado un caso criminal basado principalmente en acusaciones de que el Sr. Combs y dos de sus novias de largo tiempo a veces traían a un tercero —un acompañante masculino— a su relación sexual”, escribió la abogada de Combs, Alexandra A.E. Shapiro, en un documento judicial de febrero.
“Cada uno de los tres cargos en el caso se basa en la teoría de que este tipo de actividad sexual es un delito federal”, agregó Shapiro.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
